El Socialismo rechaza la designación de ministros de la corte por decreto y advierte que defenderá la división de poderes en Santa Fe

El Partido Socialista (PS) de Santa Fe, a través de su Junta Ejecutiva Provincial, expresó su máxima preocupación ante la decisión del gobierno nacional de designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta medida, que omite la intervención del Senado, deja de lado el procedimiento constitucional que exige el acuerdo de los jueces del alto tribunal con dos tercios de los votos parlamentarios.

Desde el PS consideran que esta decisión es una medida arbitraria que atenta contra la división de poderes, pilar fundamental del sistema republicano. Además, sostienen que evidencia un fracaso categórico en la construcción de consensos para la integración de la máxima instancia del Poder Judicial.

La designación por decreto se produce luego de once meses desde que el presidente Javier Milei presentara los pliegos en el Senado de la Nación. Según señalan desde el socialismo santafesino, las candidaturas impulsadas por el Ejecutivo han sido objeto de cuestionamientos desde su presentación, lo que habría impedido la obtención del respaldo parlamentario requerido.

Asimismo, el partido expresó su preocupación por lo que consideran una actitud de menosprecio del gobierno nacional hacia el Poder Legislativo. En su opinión, esta postura no contribuye a responder a la demanda social de una justicia de calidad, ágil y transparente.

En contraposición, destacaron el modelo institucional de Santa Fe como un ejemplo de fortalecimiento democrático. En noviembre de 2024, la Legislatura provincial aprobó con amplio consenso una reforma judicial que amplió la composición de la Corte Suprema provincial de seis a siete miembros, estableció una edad límite para el cargo y fijó un mecanismo claro para la renovación de sus integrantes.

Esta reforma refuerza el procedimiento ya establecido en la Constitución provincial, que estipula que los jueces del máximo tribunal santafesino deben ser designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa. Desde el PS remarcaron que esta realidad provincial se contrapone con la situación a nivel nacional y demuestra que existen alternativas institucionales que respetan la división de poderes.

De cara a una futura reforma constitucional en Santa Fe, el partido reafirmó su compromiso con la defensa de la independencia de los poderes y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. En ese sentido, aseguraron que trabajarán para evitar modificaciones que puedan dar lugar a prácticas que consideran contrarias a los principios republicanos y, en cambio, promoverán cambios que garanticen un sistema judicial más eficiente, transparente y confiable para la ciudadanía.