Pascual impulsa la recuperación de las estaciones de tren para transformarlas en aulas taller y espacios comunitarios

Las paredes de las estaciones de Totoras y Larguía han guardado silencio durante décadas. En el paisaje cotidiano del interior santafesino, ver deteriorarse la infraestructura histórica suele despertar resignación; sin embargo, cuando la técnica jurídica y la sensibilidad con la realidad local se unen, la nostalgia se transforma en un plan de acción inmediata.

Con un expediente de estricto rigor bajo el brazo, el edil José Manuel Pascual presentó ante el Concejo Municipal una propuesta integral para recuperar los predios en desuso y devolverles la utilidad social a favor de los vecinos. La iniciativa encomienda y autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) a tramitar ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la concesionaria de cargas la cesión en uso gratuito de las instalaciones desafectadas. Lejos de generar tensiones con la logística de los trenes, el esquema plantea una convivencia armónica entre la operatividad ferroviaria y el crecimiento urbano estratégico.

Un mapa territorial en dos nodos estratégicos
La iniciativa aborda de manera simultánea la demanda de la planta urbana y las necesidades de la zona rural:

Nodo Urbano Central (Estación Totoras): La franja delimitada por Avenida San Martín, calle Falucho y Bulevar Belgrano se transformará en un parque lineal con circuitos aeróbicos. A su vez, los edificios cerrados se refuncionalizarán en aulas taller para oficios, espacios de desarrollo tecnológico y un polo cultural dinámico.

Nodo Rural (Estación Larguía): Sobre el eje estratégico de la Ruta Nacional 34 (km 60-66), el proyecto proyecta un Centro de Integración Comunitaria y un espacio de formación técnica agroindustrial pensado para el arraigo de las familias del sector productivo.

Cerca del vecino, lejos de las promesas vacías
En diálogo con la prensa, José Manuel Pascual dejó en claro que la iniciativa responde a un trabajo continuo de escucha y presencia en el territorio, marcando la diferencia entre el diagnóstico de campaña y la ejecución legislativa real:

«El futuro no se promete en una plataforma electoral; se construye consolidando las bases en el presente con proyectos que tengan viabilidad técnica y legal. Caminamos la ciudad a diario y conocemos la frustración del vecino al ver construcciones históricas deteriorándose. Esas paredes en silencio tienen que convertirse en un aula taller para el joven que busca aprender robótica o un oficio, en un espacio de formación para el adulto y en un parque seguro para la familia. No nos conformamos con el diagnóstico: trabajamos para que las cosas sucedan.»

Al abordar el valor patrimonial y la identidad de la comunidad, Pascual enfatizó que el verdadero homenaje a la historia local es ponerla al servicio de las nuevas generaciones:

«Totoras puede más. El orgullo por nuestra historia ferroviaria no se demuestra mirando el pasado con nostalgia, sino cuidando lo nuestro y animándonos a ir por más. Este proyecto no pertenece a un escritorio ni a un sector político: es de cada totorense que quiere ver a su ciudad viva, ordenada y con infraestructura de desarrollo. Los vecinos no son espectadores del cambio; son los verdaderos protagonistas y dueños de cada espacio que logremos recuperar.»

Integración rural y herramientas para gestionar
Uno de los aspectos más sólidos de la propuesta es la inclusión explícita de la Estación Larguía, una zona históricamente relegada en los planes de equipamiento urbano. Para el legislador local, la presencia del Estado debe sentirse con la misma fuerza en el casco cívico que en las zonas productivas:

«Darle vida a la Estación Larguía sobre la Ruta 34 es responder con hechos y cercanía a nuestras familias del campo. El productor y el trabajador rural necesitan que el Municipio esté presente en su entorno cotidiano, facilitando capacitaciones técnicas en maquinaria y logística sin la obligación de trasladarse continuamente al casco urbano.»

Finalmente, al repasar el encuadre legal articulado bajo la Ley Orgánica de Municipalidades N.º 2.756, Pascual remarcó la importancia de dejarle al Ejecutivo local una vía expedita para la negociación formal:

«Diseñamos una herramienta jurídica impecable. Respetamos la división de poderes: el Concejo otorga la autorización legal con exigencia de informes mensuales de control, y el Ejecutivo Municipal encabeza la negociación formal ante la AABE y la empresa privada operadora. Le entregamos al DEM un proyecto listo, con áreas delimitadas y factibilidad técnica trazada, para sentarse a gestionar ante Nación y Provincia con la fuerza de toda una ciudad detrás.»