El gobierno provincial, a través de la obra social Iapos, les debitó 456 millones de pesos menos a clínicas y sanatorios de Rosario y otros 31 millones a sus colegas del departamento Castellanos por el corte casi total de servicios que ejecutaron en abril.
La medida, decidida por el propio gobernador Maximiliano Pullaro, fue operativizada el viernes de la semana pasada. En rigor, se trata de un débito sobre el monto que paga quincenalmente por adelantado la obra social provincial, equivalente a la restricción de las prestaciones que llevaron adelante las empresas de salud en reclamo de aumento de aranceles.
El débito cayó sobre las tres gerenciadoras de las carteras de Iapos que operan en el departamento Rosario y la única con presencia en el departamento Castellanos. Fue en esas dos jurisdicciones en donde se concretó, de manera explícita, el corte del servicio en abril. Como también continuó parcialmente la suspensión de las prestaciones en mayo, no se descarta en el gobierno la aplicación de otra decisión de igual formato y magnitud.
Aún así, este martes hubo una nueva reunión entre las partes para intentar avanzar en un acuerdo. El espinoso tema del débito surgió previsiblemente en el encuentro y la respuesta oficial fue: los servicios prestados serán pagados. Acercaron posiciones y quedaron en verse las caras otra vez la semana próxima.
Si se observan las palabras previas de los funcionarios provinciales, puede decirse que es una determinación que se veía venir. Días atrás, el ministro de Economía, Pablo Olivares advirtió: “Las prestadoras de salud están cobrando Iapos. No me parece una conducta ética estar cobrando el Iapos, estar discutiendo un incremento de retribución y al mismo tiempo no prestar el servicio. No es ético cobrar por un servicio que no se presta. Primero se interrumpió la atención de los afiliados, siguieron con el reclamo, pero al mismo tiempo siguieron cobrando. Esa es una situación que no puede sostener”.
En el decreto mediante el cual el gobernador formalizó esa decisión se afirma que el Iapos “ha observado durante el primer trimestre del presente ejercicio un déficit presupuestario que supera el 5% del total de sus recursos en el mismo período, lo cual exige por parte de este Poder Ejecutivo tomar con premura definiciones tendientes a afrontar el déficit y evitar su consolidación de forma tal de no poner en riesgo el sistema de prestaciones médico-asistenciales y de seguridad social de los afiliados”.